Europa ya tiene su nueva hoja de ruta de directivas y reglamentos con que aspira a ser un exportador de políticas novedosas y pioneras en el ámbito de la sostenibilidad. No será fácil, pero la ambición de este nuevo paquete regulatorio, sobre todo en cuanto a fiscalidad, pretende volver a situar Europa al frente del mayor reto de este siglo XXI: la lucha contra el cambio climático.
El Fit for 55, aprobado por la Comisión Europea el miércoles 14 de julio, es una revisión de las políticas climáticas como respuesta a los numerosos anuncios y proclamas de las principales potencias mundiales de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Con la Administración Biden a la cabeza, anunciando el objetivo de reducir sus emisiones un 52% para 2030, y acompañados por China, que argumentó alcanzar su pico de emisiones en 2030 y luego obtener la neutralidad climática en 2060, los Estados miembros de la Unión Europea se han visto presionados para reforzar sus compromisos ante la emergencia climática.
Acelerar un crecimiento sostenible
El reto no tiene parangón. Siguiendo la senda del Green New Deal, el Fit for 55 ofrece hasta 13 medidas novedosas para constatar que la dinámica de reducción de emisiones, dentro de una economía saneada, creciente y sostenible, es una realidad.
Si nos centramos en la energía —al ser el mayor foco de emisiones—, Europa ha revisado su objetivo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, pasando de un objetivo del 40% al 55% para 2030 respecto a los niveles de 1990. Este objetivo es comunitario, pero luego cada Estado tiene su objetivo propio para contribuir al común (en el caso de España, un objetivo del 23% para 2030). Y el Fit for 55 es un nuevo paquete, a tenor de las circunstancias actuales, con herramientas técnicas, revisiones regulatorias y fiscales para alcanzar dicha meta.
El primer paso es apretar el acelerador de las renovables. El objetivo de consumo final de energía renovable pasa del 32% al 40%, un salto cuantitativo a 2030 desde el 19,7% actual. La eólica y la solar fotovoltaica serán las tecnologías, ahora con costes bajos y un mercado al alza, que lideren ese incremento. Complementariamente, la Directiva de Eficiencia Energética fijará un objetivo anual, sin definir, vinculante —por fin— y más ambicioso de reducción del uso de la energía a nivel europeo.
Junto a la Ley de Cambio Climático y Transición Energética española, que fijaba 2040 como último año para matricular vehículos emisores de CO₂, el adiós definitivo de estos vehículos con motores de combustión se fecha para 2035. Un auténtico misil a la línea de flotación de las automovilísticas europeas, las exportadoras más importantes a nivel internacional, dándoles una señal clara de acelerar en la promoción y venta de vehículos eléctricos sin emisiones. O se reconvierten o no tienen cabida en la Europa descarbonizada del futuro.
Contaminar saldrá más caro
Habiendo alcanzado cotas de 50 euros por tonelada de CO₂ emitida, repercutiendo directamente en la toma de decisiones y en las cuentas de las empresas afectadas, el mercado de derechos de emisión (ETS), creado en 2005, también ha sido retocado. Ahora se procederá a una retirada de bonos de emisiones a las industrias y las centrales de generación de electricidad contaminante tradicionales, pero se incluirá, por fin, el sector marítimo en 2023 (representa el 13% de las emisiones asociadas al transporte en la UE).
Con este retoque, y vista la dificultad de descarbonizar algunos sectores hasta ahora fuera del ETS, también se creará un sistema similar de comercio de emisiones para la distribución de combustible para el transporte por carretera y los edificios (con sus calderas y cocinas de gas o gasoil). Así, como nueva medida complementaria, las recaudaciones se deberán invertir en proyectos relacionados con el clima y la energía, proponiendo, a su vez, un Fondo Social por el Clima para apoyar los Estados con menor músculo financiero. Bruselas ha calculado que se dotará de unos 72.200 millones de euros a los Estados para el periodo 2025-2032.
Otra de las novedades estrella es el nuevo impuesto al carbono en frontera (CBAM, Carbon Border Adjustment Mechanism), que afectará, a partir de 2026, a un gran número de productos importados tan relevantes como el acero o el aluminio. Esta medida no es vista con buenos ojos por numerosos países, que la han tildado de 'proteccionista', al buscar aumentar su competitividad interna en detrimento de marcos colaborativos internacionales. En los propios términos de la Comisión Europea, el objetivo es evitar una 'fuga de carbono' y que el resto de países socios de la UE adapte sus modelos productivos creando marcos regulatorios más sostenibles.
Para las ONG europeas, no es suficiente
No todos ven en el Fit for 55 una propuesta lo suficientemente ambiciosa ante el reto de mantener el incremento de la temperatura media global por debajo de 1,5 °C para 2050. Las organizaciones ecologistas europeas, englobadas dentro de Climate Action Network Europe (CAN-E), han sido rotundas en su respuesta: "Así es imposible".
Según argumentan, con un objetivo del 55%, estaremos dentro de la zona roja y de no retorno al alcanzar un incremento de 2,5 °C, por lo que exigen un 65% para 2030, como demanda la ciencia. Además, piden incrementar a un 50% el consumo final de energía renovable para 2030.
Greenpeace ha pedido controlar y restringir la biomasa como energía renovable y vigilar las exenciones al queroseno para la aviación, puesto que ahora se revisará su fiscalidad y se fijará un mínimo, algo insostenible con un flujo aéreo creciente. Finalmente, recalca que muchas de estas medidas tardarán 10 años en entrar en vigor, cuando no tenemos tiempo y deberíamos empezar ya mismo a actuar con ambición.
Fuente:
El Confidencial.
